Articulaciones del movimiento social de oposición y reactivación del polo insurgente desde 1978

De forma dual, la coyuntura marcada por el ritual de Chacarillas supuso tanto el giro del Régimen hacia su constitucionalización, como el momento en que se comenzarán a generar y expresar las convergencias entre la multiplicidad de organizaciones de raigambre popular, estudiantil, sindical o vinculadas a la defensa de los derechos humanos al interior de la Iglesia, en torno a la búsqueda de democratización e interrupción del terror, dando así paso a un movimiento conjunto que se torna cada vez más complejo de reprimir y silenciar y cuya consolidación definitiva se confirmará con las jornadas de protesta nacional, hacia 1984. Superaciones del efecto social de la autocensura que se expresan en una multiplicidad de formas de ocupación del espacio público: protestas, huelgas de hambre, tomas universitarias y de terrenos, etc. Acciones que se agregan a aquellas a través de las cuales los grupos sociales más golpeados por la crisis social intentan establecer las resistencias más urgentes, como lo fue la institución de las «ollas comunes» en tomas y poblaciones. En el mejor relato de Bastías;

mientras un total de 29 organizaciones participaron en las protestas de 1977 y 1978, ya sea manifestándose o apoyando a los manifestantes, un total de 74 organizaciones participaron en las protestas de 1979. En 1982 más de 100 grupos organizados participaban en intercambios mediados por el público. Esta transformación tuvo un fuerte impacto sobre la complejidad y el pluralismo del panorama comunicacional, abriendo la opinión pública a nuevos temas y llenado las páginas de la prensa con nuevos interlocutores. Así a partir de 1979, las comunicaciones públicas en Chile se ampliaron para convertir en temas de debate nacional los problemas de género, la situación de los campesinos, los problemas de las comunidades mapuche, la ausencia de participación en las universidades y la extrema escasez habitacional de las poblaciones [...].

La represión en contra de las protestas también fortaleció la solidaridad entre las organizaciones. A medida que el régimen detenía a los manifestantes y les aplicaba medidas de exilio interno, nuevas manifestaciones, huelgas de hambre y ocupaciones demandan su libertad y su regreso. Las expulsiones de los estudiantes y el despido injustificado de los trabajadores desataron declaraciones públicas, jornadas de ayuno, marchas y otras formas de presión pública demandando que se revocaran las medidas, revelando así una creciente sensibilidad entre los sectores organizados hacia los problemas de los demás (2013, 204-207).

Proceso de empoderamientos en torno a la restitución democrática y cuya capacidad de vertebración radicó en el restablecimiento o producción de canales comunicativos formales expresados mediante los primeros medios periodísticos que lograron circular y producir articulaciones públicas de los discursos críticos al Régimen. Es el caso de revistas como Solidaridad (1976-88), APSI (1976-95) vinculadas a la Vicaría de la Solidaridad y a la fracción MAPU-OC, Hoy (1976-98) al PDC; y Análisis (1977-93) bajo la protección institucional de la Academia de Humanismo Cristiano, y otras que se sucederán ya en los 80s como lo fue Cauce (1983-88) cuya orientación ha sido definida como social-demócrata (Díaz y Neira: 2013, s/n)¹². Los canales que estos medios logran abrir contribuyen a intensificar fisuras en el simulacro comunicacional que servía de soporte a las políticas sistemáticas del terror. Siendo en esto decisiva la difusión del hallazgo de los Hornos de Lonquén en 1978; lugar en el cual fueron ocultados los cadáveres de 15 hombres secuestrados por Carabineros en octubre de 1978, crimen cuyo conocimiento supuso la instalación en la esfera pública de una «primera prueba palpable del genocidio» (Moulian: 1997, 238).

Las constantes denuncias y pruebas fehacientes respecto a la violación sistemática de los Derechos Humanos en Chile, comportan una impronta decisiva a la hora de consolidar de un frente externo definido por la ya paupérrima imagen internacional del Régimen. Incluyéndose en esto a las sucesivas condenas de la Asamblea de las Naciones Unidas desde 1974 y el giro geopolítico que

12Junto a la indirecta protección institucional de la iglesia bajo la línea del Cardenal Raúl Silva Henríquez, otro aspecto común a estas primeras emisiones de prensa independiente es el de sus vinculaciones con el financiamiento de ONGs internacionales según se sintetiza en los documentos compilados por el website estatal Memoriachilena.cl. Información resulta relevante para comprender el que estos medios, aunque siempre modulados por la tensión censura/autocensura, hayan logrado obtener los permisos para su circulación y luego perseverar. Como se recapitula en la Revista de Libros de El mercurio, «[e]l presidente de la República garantizó al Episcopado, el 22 de abril de 1977, que el Bando No. 107

supuso la puesta en vigencia de la Enmienda Kennedy por parte de la administración Carter, ante una opinión pública interna condicionada por los trascendidos del crimen contra el ex-canciller Orlando Letelier y su asistente, la ciudadana norteamericana Ronni Moffitt, en Washington. Política que en la práctica limitaba suministros militares al país en un contexto de inminentes conflictos limítrofes, contándose en esto la ruptura de relaciones con Bolivia e incluso los conatos de guerra con la dictadura argentina en 1978 (Nazer y Rosemblit: 2000, 223; Valdivia: 2010, 171). Factores que incidieron la definición interna del Régimen hacia la institucionalización, tanto del propio poder político como también del Proyecto refundacional, con los simulacros de participación política dados por los plebiscitos de 1978 y 1980, este último de carácter constitucional.

Paralelamente a partir de las oportunidades abiertas por la conjunción entre el primer debilitamiento del Régimen y la ya evidente rearticulación de los movimientos de oposición, ya a partir de octubre de 1978 se desarrollará un nuevo escenario de activación de la opción insurgente. Momento en que la orgánica en el exilio del MIR decide organizar y llevar a cabo el «Plan 78», u «Operación Retorno», consistente en el entrenamiento e internación de combatientes y de cuadros para iniciar una ofensiva frontal, produciéndose en el periodo 1979-1986 el reingreso de cerca de 200 militantes, según se ha señalado (Rivas: 2013, 190) y que precederían una escalada sin precedentes de los hechos de violencia insurgente y contrainsurgente¹³. Entre las acciones reconocidas o atribuibles al MIR desde el 7 de marzo de 1979 al 15 de julio de 1980, se constatan los atentados a los domicilios del director de El Mercurio, del gerente de Fensa-CTI, del vicerrector de la Universidad de Chile y del presidente de la FECECH, la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad de Chile designada por la oficialidad (Bastías, 199-201). En el mismo periodo se consignan el asalto a tres bancos del área poniente de Santiago, el ataque al monumento de la Llama de la libertad, provisionalmente ubicada en el Cerro Santa Lucía, y el asesinato del coronel Roger Vergara, director de la Academia de Inteligencia del Ejército y reconocido torturador de la DINA

13Cabe puntualizar que el atentado contra Letelier en Washington y la flagrante violación territorial que supuso, tuvo por consecuencia el Decreto de Ley del 13 de agosto de 1977 que disolvió a la DINA y dio lugar a su substitución por la Central Nacional de Inteligencia (CNI), poseyendo ésta, al menos formalmente, restricciones operativas respecto a su antecesora. La clausura de la DINA implicó a su vez una operación de depuración simbólica, «personalización de la culpa», como la define Moulian, en la figura de su director, Manuel Contreras (Moulian: 2007, 224-236). Este hecho supuso una momentánea modificación de las políticas asociadas a los aparatos represivos, así «[l]a CNI inicialmente asumió una estrategia de contención, concentrándose menos en cazar a los militantes de los partidos de izquierda, como a responder a las crecientes manifestaciones públicas. En consecuencia, hubo una drástica reducción en las ejecuciones sumarias y en las desapariciones a partir de 1978». Como constata Bastías, las incidencias «terroristas» se disparan desde 40 en 1978 hasta 113 el año siguiente. Cifra engañosa dado la dificultad de determinar cuáles de éstos corresponden a acciones de los servicios de inteligencia del Régimen, siendo sólo la mitad de estos (aproximadamente) reconocidos por el MIR (2013, 196-200).

(Cavallo, Salazar y Sepúlveda: 300-301). Un suceso cuya connotación pública destacó por haber producido muestras de rechazo transversales desde la sociedad civil organizada. Consecuencias que se comprenden no sólo por la variable del posicionamiento ético de la oposición contra la violencia considerada terrorista, la cual arriesgaba perder su condición de atributo unilateral del Régimen, sino por el consecuente recrudecimiento del aparato represor que estas supusieron. Inmediatamente el general Odalier Mena, primer director de la CNI, será destituido y reemplazado por el general Humberto Gordon, bajo cuyo mandato se imputa una nueva intensificación del accionar del terror, incluyéndose las operaciones encabezadas en julio siguiente por el «Comando de Vengadores de Mártires» (COVEMA) y que en lo inmediato significaron el secuestro de 14 personas, y la tortura y muerte de Eduardo Jara, estudiante de periodismo y partícipe del MIR (Bastías: 2013, 199- 201).

Estos hechos supusieron el principio de una escalada mayor que incluirá la muerte de informantes de la CNI y principalmente de partícipes del MIR en enfrentamientos reales o en montajes articulados por el organismo represor. En 1981, mismo año en que el Comando Javiera Carrera llevaría a cabo la operación que logró sustraer el emblema de la bandera de la Independencia desde el Museo Nacional, el MIR intentará reorganizar focos guerrilleros en Neltume y Nahuelbuta, los cuales serán exterminados o diseminados por fuerzas militares en distintas acciones de este año. En agosto de 1983 se llevaría a cabo el atentado que culminaría con la muerte del general Carol Urzúa, entonces Intendente de Santiago (Cavallo et al, 350-351). En este período, por último, la acción directa del MIR o de sus organizaciones adjuntas se concentró además en poblaciones donde, junto a integrar orgánicas clandestinas de estos territorios, se efectuaron operaciones que consistían en el asalto y redistribución de alimentos entre pobladores, línea en que también se integró el Movimiento Juvenil Lautaro (MLJ) fundado en 1982 a partir de una división del MAPU (Acevedo:

2014, 32). Finalmente, a la asonada iniciada por el MIR, hacia 1983 se sumará el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) originado desde las orgánicas del PCCh y las Juventudes Comunistas y a partir de la asunción de la política de «Rebelión Popular de Masas». En los hechos el Frente encabezará en adelante la dinamización de la opción insurgente, propiciando una escalada cuyo punto más álgido se escenifica con la seguidilla de operaciones concernientes a la «Operación Siglo XX» emprendidas en el llamado año decisivo de 1986, y que desembocaron en el fallido ataque a la comitiva de seguridad de Pinochet, desatando con esto una nueva oleada de terror en los días sucesivos a aquel 7 de septiembre (Rojas Nuñez: 2011, 11 y ss).