a pesar de la exclusión formal del emigrante por parte de los estados de origen, los migrantes han permanecido involucrados con la socie-dad de origen de diversas maneras. este involucramiento es visible en el ámbito económico, familiar, religioso y político. en la última década se ha desarrollado una abundante literatura sobre las prácticas transnacionales de los migrantes que ha ilustrado bien la tendencia de algunos migrantes contemporáneos a mantenerse conectados con la sociedad de origen a través del envío de remesas (goldring, 2004; garcía Zamora, 2005; lozano-ascencio, 2005), la creación de asociaciones de migrantes activas en el desarrollo de las comunida-des de origen (moctezuma longoria, 2003; lacroix, 2003; garcía Zamora, 2005), el desarrollo de prácticas religiosas a través de las fronteras (levitt, 2004), así como los esfuerzos de influir sobre gobier-nos y partidos políticos en el país de origen (itzigsohn, et al., 1999;
Østergaard-nielsen, 2001; lafleur, 2005).
en paralelo a estas formas de participación transnacional, los esta-dos expulsores han modificado paulatinamente la visión hacia sus nacionales en el exterior. a nivel enunciativo, países como méxico han desarrollado una retórica sobre el migrante como héroe de la nación mexicana. en Haití, se creó un discurso sobre la diáspora como el nuevo departamento extraterritorial de la nación haitiana. a nivel operativo, políticas de atracción de remesas y de acceso a la (doble) nacionalidad han ilustrado el creciente interés de varios estados en reestablecer el contacto con sus nacionales en el exterior (Østergaard-nielsen, 2003; barry, 2006; Waterbury, 2010). varios estados también
9. argentina, bolivia, brasil, canadá, colombia, república dominicana, ecuador, islas malvinas, guyana, Honduras, méxico, nicaragua, panamá, perú, estados unidos y venezuela (idea/iFe, 2007).
han mejorado la representación de sus emigrantes en el país de origen a través la creación de administraciones y agencias gubernamentales dedicadas a la emigración. por último, la organización de conferencias y foros o la creación de órganos consultivos que integran representan-tes de los emigranrepresentan-tes y de las autoridades del país de origen muestran este nuevo deseo de los estados expulsores en fortalecer sus relacio-nes con los emigrantes (gamlen, 2006).
el aumento de estas políticas públicas que Smith (2003) califica como
“políticas diaspóricas” es particularmente visible en el ámbito de la par-ticipación política. autores como collyer y vathi (2007) o navarro Fierro (2007) han documentado que el número de estados que permiten el voto en el exterior ha crecido de forma exponencial en las últimas dos décadas. con alrededor de 115 estados con una legislación sobre el voto en el exterior, esta forma de ser ciudadano a distancia se ha vuelto una norma en el ámbito internacional. en las américas, no menos de 16 países permiten actualmente el voto en el exterior9; siendo colombia uno de los primeros estados en reconocer los derechos políticos de sus ciudadanos en el exterior (desde 1962), el interés estatal por este tipo de política pública se empieza a extender en los años noventa (argentina lo implementó en 1993 y venezuela en 1998) y, especialmente, desde la década pasada (Honduras en 2001, república dominicana en 2004, ecuador y méxico en 2006 y bolivia en 2009). además, varios estados como chile, uruguay y paraguay están llevando adelante debates legis-lativos intensos sobre el tema.
a pesar del desarrollo del voto en el exterior en varias partes del mundo, la literatura científica todavía no ha explicado de forma con-vincente los procesos que conducen a los estados a adoptar estas políticas públicas. esto se debe principalmente al hecho de que la mayoría de los trabajos sobre el voto en el exterior han debatido esta cuestión desde un punto de vista normativo (barry, 2006; baubock, 2007; blais, et al., 2001; lópez-guerra, 2005; nohlen y grotz, 2000;
rubio-marín, 2006). no obstante, en los últimos años, varios estudios comparativos han tratado de arrojar luz sobre las motivaciones de los estados y la coexistencia de diferentes sistemas de voto en el exte-rior a nivel internacional (collyer y vathi, 2007; gamlen, 2006; idea y iFe, 2007; itzigsohn, 2000; levitt y de la dehesa, 2003; rhodes y Harutyunyan, 2010; Waterbury, 2010). esta literatura presenta dos dificultades. por un lado, comprende trabajos que incluyen un gran número de casos. en este sentido, solo pueden constatar que esta-dos en varias partes de mundo adoptan políticas similares, pero sin poder explicar el fenómeno. por el otro, al tratarse de trabajos que se focalizan en un solo país o varios países de la misma región bajo un enfoque nacional, no prestan suficiente atención a los cambios glo-bales que afectan a todos los estados expulsores (calderón chelius, 2003; escobar, 2007; itzigsohn, 2000; levitt y de la dehesa, 2003).
en otro artículo (lafleur, 2011), que estudia distintos casos en europa y américa latina, hemos tratado de identificar aquellos elementos que explican el desarrollo del voto en el exterior en el contexto global. allí examinamos tres supuestos que también podrían ayudar a compren-der la extensión del compren-derecho al voto de los bolivianos en el exterior en las elecciones presidenciales. el primer supuesto insiste sobre la capacidad de los grupos organizados de emigrantes para presionar o
persuadir a las autoridades del país de origen acerca de la importancia de implementar el derecho al voto desde el exterior. aquí, la capaci-dad de los propios emigrantes para influir sobre los actores políticos domésticos es decisiva. de ello se suele inferir que comunidades de emigrantes más pequeñas o poco organizadas tengan menores posi-bilidades de convencer al estado de origen para obtener el derecho al voto (barry, 2006; collyer y vathi, 2007; levitt y de la dehesa, 2003).
el segundo supuesto indica que la influencia social, política y, sobre todo, económica de los emigrantes se transforma en influencia sobre los actores políticos domésticos. al contrario del primer supuesto, el hecho de que los propios emigrantes reclamen el derecho a votar no importa tanto. en cambio, la idea central aquí es que los (aparentes) efectos positivos de la emigración sobre el país de origen motivan a las autoridades a tratar de fortalecer sus relaciones con la diáspora. en este sentido, las políticas que permiten mantener la lealtad del emi-grante hacia su país de origen (por ejemplo, el voto en el exterior o la doble nacionalidad) son implementadas para sostener la solidaridad transnacional a pesar del tiempo y la distancia. algunas interpretacio-nes de este supuesto sostienen que solamente los estados más pobres y más dependientes de las remesas estarían dispuestos a otorgar el voto a sus ciudadanos en el exterior (Wucker, 2004). esta visión res-trictiva no se adecua al hecho que países que no reciben cantidades importantes de remesas, como italia y bélgica, también hayan adop-tado legislaciones relativas al voto en el exterior en la última década.
por esta razón, resulta más pertinente suponer que el desarrollo de las políticas diaspóricas forma parte de un esfuerzo más grande que realizan los estados en respuesta al proceso de globalización de la economía. los estados pueden estar interesados en fortalecer sus rela-ciones con los ciudadanos en el exterior porque dependen del envío de remesas o porque los migrantes pueden ser útiles en las estrategias de incorporación de los estados a la economía global: abriendo mercados en el exterior, haciendo negocios con el país de origen, transfiriendo conocimiento, presionando a las autoridades del país de destino, etc. estos hechos, vistos como beneficios resultantes de la presencia de ciudadanos en el exterior, pueden motivar el desarrollo de políticas diaspóricas.
un tercer supuesto es que el desarrollo del voto en el exterior no está tan sólo relacionado con la influencia directa o indirecta de los emigrantes sobre el país de origen. también es necesario observar la evolución del sistema político del país de origen. más precisamente, los cambios en la arena política doméstica (por ejemplo, el proceso de democratización) y, sobre todo, los intereses de los actores políticos domésticos explican la aprobación de legislaciones sobre el voto en el exterior. en particular, los actores domésticos que están afectados por el voto emigrante (por ejemplo, los partidos políticos o determi-nados organismos gubernamentales como el ministerio de asuntos exteriores) pueden tratar de incluir en la agenda o bloquear la aproba-ción del voto en el exterior de acuerdo al modo en que pueda afectar a sus intereses. esta percepción también tiene un impacto sobre el contenido de las leyes sobre el voto en el exterior. efectivamente, los actores que se sientan afectados por el voto emigrante pueden tra-tar de obstaculizar dicho mecanismo con el propósito de limitra-tar su influencia.
10. datos recientes del instituto nacional de estadística del estado espa-ñol, obtenidos a través del padrón municipal correspondiente al año 2008, señalan que son 236.048 las personas nacidas en bolivia que resi-den en españa.
11. véase Ferrufino Quiroga et al., 2007;
peñaloza chej et al., 2008; román arnez, 2008.