En esta sección se presentan cinco casos de países donde se han desarrollado medidas propias de JT. La selección de las experiencias atendió a tres criterios principalmente: 1. La existencia de procesos transicionales enmarcados en negociaciones de paz en los que se hubieran acordado la adopción de mecanismos de justicia transicional en los términos del marco conceptual anteriormente abordado; 2. La definición de mecanismos orientados a luchar contra la impunidad satisfaciendo al menos uno de los derechos consagrados conforme a los estándares de la JT; y 3. La aplicación práctica de dichos mecanismos para extraer posibles lecciones. En ese orden de ideas, se escogieron por ser casos emblemáticos en cada uno de pilares de la JT, las experiencias de Uganda relativa a la persecución penal por parte de un tribunal internacional; de Sudáfrica y sus medidas de perdón condicionado a la divulgación de la verdad; de Camboya y su tribunal mixto que combina los estándares internacionales y la legislación interna para ejercer acción penal sobre crímenes atroces; de Perú con su comisión de reconciliación; y de Guatemala con su plan de reparaciones.
i) Intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) en Uganda
La experiencia de Uganda en materia de JT es un típico ejemplo de adopción de medidas de perdón amnésico en los términos de Uprimny y de aplicación del enfoque maximalista propuesto por Olsen (et al), centrado casi exclusivamente en el castigo penal de los perpetradores de violaciones a los derechos humanos, más que en el tratamiento integral de las víctimas.
A finales de los noventa el grupo insurgente Lord Resistance Army (LRA, por sus siglas en inglés) liderado por Joseph Kony, declaró la guerra al régimen de Yoweri Museveni y así inició una agresiva campaña militar dirigida particularmente hacia los civiles, incluyendo a los mismos habitantes de Acholiland a quienes decían defender. La estrategia rebelde del LRA incluyó crueles y brutales modalidades de ataque como torturas, asesinatos, secuestros y mutilaciones con las que buscaban sembrar terror, socavar las estructuras locales de poder, aumentar el pie de fuerza y reforzar la cohesión interna195.
193 Ibíd.
194 Ibíd.
195 Otim, Michael y Wierda, Marieke, “Uganda: la búsqueda de la paz y la justicia bajo la sombra de la CPI”, en: Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), Transiciones en contienda. Dilemas de las justicia transicional en Colombia y en la experiencia comparada. 2010, p. 255.
De acuerdo con Michael Otim y Marieke Wierda, durante los veinte años que duró el conflicto se estima que cerca de 75.000 personas fueron retenidas o raptadas por el LRA, que cerca de 2 millones de personas fueron desplazadas y tuvieron que reubicarse en campos de refugiados bajo precarias condiciones de vida y que algunas zonas del país como Acholiland alcanzaron a registrar una tasa de mortalidad de 1.000 personas por semana196. Uno de las mayores atrocidades cometidas por el LRA, según Verónica Hinestrosa, fue la práctica generalizada de reclutar niños y niñas para sus filas alcanzando la cifra de cerca de 25.000 combatientes menores, equivalentes al 85% del pie de fuerza del grupo, muchos de ellos obligados a realizar trabajos forzosos como cocinar, cargar armas, asesinar miembros de sus propias comunidades y servir como esclavos sexuales a los comandantes197.
Para tratar de evitar que estas atrocidades se siguieran cometiendo, a principios de los noventa el gobierno, a través de la ministra Betty Bogombe, intentó entablar diálogos con el grupo rebelde, pero estos fracasaron por falta de voluntad, lo que produjo el recrudecimiento de la violencia y se empezara a generar, por un lado, una percepción de desconfianza entre la población del norte que creía que el gobierno frenaba intencionalmente los intentos de paz como una forma de someter a la población de esa zona, y por otro, un debate en torno a la forma en cómo debía solucionarse el conflicto198. Frente a este último punto, según Otim y Wierda, las opiniones estaban radicalmente divididas entre la población del norte que sufría directamente los efectos de la confrontación y que abogaba por una salida negociada sobre la base de la aplicación de los rituales y ceremonias tradicionales de negociación, y los del resto del país cuya situación era relativamente estable y por eso eran un tanto indiferentes199.
Entre tanto, del lado del gobierno se optó por un doble discurso de arremetida militar y al tiempo la adopción de medidas de flexibilidad que se tradujeron en la aprobación de una ley de amnistía general que entró en vigencia en el año 2000. Esta ley abarcaba las acciones llevadas a cabo desde 1986 en adelante y solo exigía como requisito para recibirla renunciar a la insurgencia y reintegrarse200. Otim y Wierda señalan que esta amnistía fue única porque fue solicitada y recibió un amplio respaldo de la población en general, incluyendo a los afectados por la violencia, contrario a la tendencia internacional según la cual estas medidas son pedidas por los que buscan beneficiarse de ellas (victimarios).
Según estos expertos, este hecho en cierto modo reforzó el desdibujamiento de la frontera entre víctimas y victimarios, que por las mismas dinámicas de las confrontación se había tornado difusa, en la medida que un número significativo de las víctimas son familiares de los militantes del LRA y fue por eso que la amnistía se interpretó como un incentivo para quienes habían sido raptados con el fin de que comprendieran que había alternativas201. Esta ley sentó las bases para el diseño de un programa de desmovilización, repatriación, rehabilitación, reasentamiento y reintegración que lideró una Comisión de Amnistía (CA) y un Equipo de Desmovilización y Reasentamiento (DRT), financiado mayoritariamente por el Banco Mundial en el marco del Programa Multipaís para la Desmovilización y la Reintegración (MCDRP, por sus siglas en inglés).
196 Ibíd.
197 Hinestrosa Arenas, Verónica, “¿Justicia V.S Paz?: La Corte Penal Internacional y Uganda del Norte”, en: Cuervo Jorge Iván, Bechara Gómez, Eduardo y Hinestrosa Arenas, Verónica, Cuervo, Justicia Transicional: modelos y experiencias internacionales a propósito de la ley de justicia y paz. Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia. Serie Pretextos Nº 32, 2007, p. 111.
198 Otim, Michael y Wierda, Marieke, 2010, Op cit., p. 256.
199 Ibíd., p. 257.
200 Otim Michel y Wierda, Marieke, “Justice at Juba: International obligations and local demanda in northem Uganda”, en: Courting Conflict? Justice, Peace and the ICC in Africa. Crisis States Research Center (CSRC), 2008 p. 22.
201 Otim, Michael y Wierda, Marieke, 2010, Op cit., p. 257.
Se estima que entre 14.000 y 15.000 personas, 8.000 de ellas combatientes del LRA, se beneficiaron de la medida, aunque no fue suficiente para la desarticulación total del grupo202. En diciembre de 2003, poco después de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional (CPI) y de que el parlamento ugandés lo ratificara, Museveni decidió restringir el alcance de la amnistía para excluir a los máximos responsables de delitos atroces y refirió a ese tribunal las graves violaciones cometidas por los líderes del LRA para que iniciara una investigación en su contra203 aduciendo la incapacidad del Estado para “arrestar” a los líderes del LRA y no incapacidad para juzgarlos por crímenes atroces, según aclara Phil Clark204. El caso sería admitido por la Corte tras recibir reportes sobre varios ataques perpetrados por el LRA entre esos la masacre de Barlonyo a comienzos del 2004 que sirvió para que el otrora Fiscal de ese tribunal, Luis Moreno Ocampo, abriera formalmente la investigación a mediados de ese mismo año205. Tan solo algunos meses después y tras un exhaustivo trabajo en terreno, en octubre de 2005 la CPI emitió cinco órdenes de captura en contra del mismo número de jefes del LRA: Joseph Kony, su máximo jefe, Raska Lukwiya, Okot Odhiambo y Dominic Ongwen, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra206.
Mientras esto pasaba, el gobierno lanzaba una fuerte ofensiva militar en contra del LRA que sumado al gran número de combatientes que decidieron acogerse a la ley de amnistía y a las ordenes de captura de la CPI, obligó a sus máximos jefes a reubicar sus bases en países vecinos como Sudán y República Democrática del Congo, donde si bien en principio contaron con el respaldo del gobierno, pronto se vieron aislados por la firma de acuerdos de paz en esos países207. La convergencia de estos factores ayudó para que el LRA accediera a iniciar diálogos con el gobierno, alcanzando en 2006 la firma de un acuerdo de cese de hostilidades que fue incumplido por los rebeldes sistemáticamente pero que pese a eso abrió el camino para que se definiera una agenda con temas específicos: 1. Cese de hostilidades, 2. Soluciones integrales, 3. Redición de cuentas y reconciliación, 4. DDR, y 5. Cese al fuego formal208. Las discusiones, que empezarían por el tema 3 sin lograr mayores avances en principio, tuvieron como telón de fondo las ordenes de captura de la CPI, la ley de amnistía y las posibilidades de aplicar la justicia tradicional de los ancestros.
Con relación a la intervención de la CPI cabe señalar que aunque ésta procedió por solicitud del mismo gobierno, causó gran polémica entre la opinión pública local debido a que se percibía que no era del todo imparcial; que favorecía la salida militar al conflicto porque no extendía su acción a los miembros de las fuerzas armadas y porque representaba un modelo exclusivamente retributivo de justicia occidental inapropiado desde el punto de vista cultural del país, donde se promovían mecanismos restaurativos bajo la figura de la justicia tradicional como el perdón, la reconciliación y la reintegración en lugar del castigo209.
202 Worden, Scott, “The justice dilemma in Uganda”. United States Institute of Peace, 2008, disponible en:
http://www.usip.org/sites/default/files/resources/1_3.PDF
203 Dukic, Drazan, “Transitional Justice and the International Criminal Court – in the interest of justice?”, International Review of the Red Cross, volumen 89 Number 867, 2007, p. 692.
204 Clark, Phil, “Law, politics and pragmatism: The ICC and case selection un the Democratic Republic of Congo and Uganda”, en: Wadell, Nicholas y Clark, Phil, Courting Conflict? Justice, peace and the ICC in África. Royal African Institute, 2008., p. 42.
205 Otim, Michael y Wierda, Marieke, 2010, Op cit., p. 259.
206 Hinestrosa Arenas, Verónica, 2007, Op cit., p. 112.
207 Ndikumana Leonce y Kisangani E. Emizet, “The economics of civil war: the case of the Democratic Republic of Congo”, en: Paul Collier y Nicholas Sambanis, Understanding civil wars: evidence and analysis, Vol. 1, World Bank, 2005, pp. 77.
208 Otim, Michael y Wierda, Marieke, 2010, Op cit., p. 261.
209 Otim Michel y Wierda, Marieke, 2008, Op Cit, p. 22.
Sobre el impacto de la intervención de la CPI en el proceso de paz se han esgrimido argumentos tanto a favor como en contra. Por un lado están quienes sostienen que sirvieron de incentivo al presionar al LRA a que se sentara en la mesa de diálogos y de esa forma tratar de evadirlas. De este lado por ejemplo, cabe anotar la opinión de expertos como Nick Grono y Adam O’Brein, según la cual la intervención de la CPI en este caso en particular, junto a otros factores como la firma de un acuerdo de paz en Sudán y el fortalecimiento de las fuerzas armadas de Uganda, sí jugó un papel fundamental como factor disuasivo para que el LRA accediera a iniciar diálogos de paz con el gobierno210. Según estos expertos, la contribución del tribunal se explica a partir de la instalación de la mesa de diálogos, de la declaración de un cese de hostilidades, del retiro del apoyo por parte de Sudán después de la firma del acuerdo de paz en ese país, por el aumento del apoyo de la comunidad internacional y también por la inclusión del tema de la rendición de cuentas en la agenda de negociación211.
Por otro lado están los que afirman que la CPI fue en últimas un obstáculo para la paz debido a que Kony manifestó reiteradamente que no firmaría un acuerdo hasta tanto las órdenes no fueran levantadas212, mientras el gobierno defendía la idea de solicitar a la CPI el levantamiento de las órdenes una vez el LRA firmara un acuerdo213. Frente a este último aspecto hay otras posturas desde las cuales se especula que Kony en realidad fingió buena fe para sentarse en la mesa de negociación sin tener una intensión real de firmar un acuerdo de paz, sino en cambio de utilizar ese escenario de manera táctica para rearmarse y reorganizarse214. No obstante lo anterior, Otim y Wierda, consideran que aunque no se puede identificar las órdenes como único factor tanto del inicio de los diálogos como de su hundimiento (no se llegó a un acuerdo definitivo), al final lo cierto es que estas sí contribuyeron a que las partes abordaran el tema de la rendición de cuentas y la reconciliación como tema central215.
Dada la evidente importancia de las órdenes de captura, de manera informal las partes iniciaron conversaciones sobre el tema tres de la agenda marco referente a la rendición de cuentas y la reconciliación llegando a la conclusión de que necesariamente tenía que definirse un marco de justicia transicional que debía ir más allá del otorgamiento de amnistías permitiendo cumplir con las obligaciones internacionales en el marco de la CPI y que ayudara a lograr la paz216. Durante las discusiones (conocidas como el proceso de Juba) se abordaron cuestiones concretas sobre este tema (JT en Acholiland, estándares internacionales de JT, constitución de Uganda, sistema jurídico, comisión de amnistía) teniendo como objetivo, más allá de fijar lineamientos sobre JT, la necesidad de “desafiar” la jurisdicción de la CPI para que revocara las órdenes de captura217. Para lograrlo se acordó impulsar un proceso nacional de JT compuesto, por un sistema judicial lo suficientemente robusto y eficaz como para generar una transformación social a largo plazo pero sobre todo para que sirviera de excusa para argumentar la inaplicabilidad del principio de
210 Grono, Nick y O’Brein, Adam, “Justice in conflict? The ICC and peace process”, en: Wadell, Nicholas y Clark, Phil, Courting Conflict? Justice, peace and the ICC in Africa. Royal African Institute, 2008., p. 15.
211 Ibíd., p. 16.
212 Worden, Scott, “The justice dilemma in Uganda”. United States Institute of Peace, 2008, disponible en:
http://www.usip.org/sites/default/files/resources/1_3.PDF
213 Otim, Michael y Wierda, Marieke, 2010, Op cit., p. 262.
214 Mutua, Makau, “The International Criminal Court in Africa: challenges and opportunities”, en: Noref working paper.
Norwegian peacebuilding centre, september 2010, p. 4.
215 Otim Michel y Wierda, Marieke, 2008, Op Cit., p. 263
216 Otim, Michael y Wierda, Marieke, 2010, Op cit., p. 262.
217 Ibíd.
complementariedad consagrado en el Estatuto de Roma (Art. 17-19) y de esa forma pedir el retiro de la intervención de la CPI218.
Asimismo, se concluyó que la ley de amnistía debía ser modificada permitiendo el rechazo de solicitudes presentadas por responsables de crímenes graves, así como la necesidad de impulsar reformas a la legislación interna para incorporar medidas frente a los crímenes internacionales graves y de esa forma, cumplir con los estándares internacionales establecidos por el Estatuto de Roma. Igualmente se definió la importancia de crear un régimen de alternatividad penal para quienes no fueran cubiertos con la amnistía, idea que en cierto sentido se inspiró en la Ley de Justicia y Paz de Colombia219. Estas reflexiones servirían para sentar las bases del Acuerdo sobre Rendición de Cuentas y Reconciliación firmado en junio de 2007220. Luego de esto, se presentó un periodo de consultas llevadas a cabo por las dos partes en las que se buscó indagar a la ciudadanía acerca de los mecanismos que debían adoptarse para implementar el acuerdo. Dichas consultas arrojaron resultados interesantes en los que el 54% de los encuestados preferían medidas blandas y flexibles, y el 41% medidas fuertes, incluyendo juicios y condenas. Estas cifras contrastaban con unos sondeos realizados en 2005 en los que el 66% optaba por las medidas represivas y el 22% por otras medidas, demostrando, según Otim y Warden, el interés de que el proceso estuviera centrado en las víctimas más que en los victimarios221.
A principios de 2008 se firmaría un Anexo que recogería los resultados de los sondeos y que hacía referencia específica a mecanismos en un marco general de justicia que planteaba una aproximación integral y amplia incluyendo justicia formal, justicia tradicional, búsqueda de la verdad, reparaciones y comisiones de derechos humanos y de amnistía222. En términos de justicia se dispuso, entre otras, la creación de una división especial en la Alta Corte de Uganda encargada de procesar a los máximos responsables de delitos graves, tomando como base disposiciones del Estatuto de Roma (para argumentar la impugnación de la admisibilidad del caso ante la CPI). A nivel de reparaciones, se previeron modalidades como la rehabilitación, restitución, compensación, garantías de no repetición, medidas simbólicas como pedidos públicos de perdón entre otros; mientras que para la búsqueda de la verdad planteaba la creación de una comisión para el esclarecimiento de los hechos223.
En el caso de las órdenes de captura, Otim y Wierda consideran que la probabilidad de que el acuerdo pueda llevar a que la CPI revierta su decisión es muy baja porque la investigación ya avanzó. Sin embargo, sí reconocen que Uganda tiene a su favor el hecho de que la solicitud de intervención del alto tribunal internacional la hizo el gobierno aduciendo incapacidad para
“arrestar” a los jefes del LRA y no por su incapacidad para condenarlos. El problema, según los expertos, es que pueda demostrar eso último, es decir que puedan probar que cuentan con los mecanismos judiciales idóneos y necesarios para evitar que haya impunidad224. Esto, para Scott Worden no es tan fácil si se tiene en cuenta que las cortes de Uganda no tienen una larga tradición juzgando crímenes complejos a gran escala. Además el código penal no tipifica crímenes internacionales, luego se hace necesario introducir reformas judiciales profundas para cumplir con los estándares internacionales, lo que claramente implicaría de entrada una exhaustiva revisión de
218 Ibíd., p. 263.
219 Otim Michel y Wierda, Marieke, 2008, Op Cit., p. 25
220 Ibíd.
221 Otim Michel y Wierda, Marieke, 2008, Op Cit., p. 26.
222 Otim, Michael y Wierda, Marieke, 2010, Op cit., p. 26.
223 Ibíd., p. 265.
224 Otim Michel y Wierda, Marieke, 2008, Op Cit, p. 26.
la ley de amnistía, su composición y su impacto225. Worden señala adicionalmente que la aplicación de mecanismos tradicionales de reconciliación propuestos en el acuerdo puede resultar problemático en tanto son obsoletos, no han sido utilizados en muchos años, son desconocidos para las generaciones presentes, no contemplan atrocidades como la mutilación o la violación, y los líderes tribales no cuentan con suficiente legitimidad y autoridad después de tantos años de conflicto226.
A pesar de estos esfuerzos, nunca se logró la firma de un acuerdo de paz definitivo entre el gobierno y el LRA. De hecho, lejos de avanzar las negociaciones fueron congeladas porque la CPI mantuvo las órdenes de captura en contra de Kony y sus lugartenientes, pero también por la gran ofensiva militar lanzada de manera conjunta por los gobiernos de Uganda, Sudán y República Democrática del Congo en el marco de la operación Trueno Resplandeciente que se sostuvo desde finales de 2008 hasta mediados de 2009, en respuesta a varias acciones armadas del LRA en territorio congolés227. Sin embargo, los compromisos adquiridos en virtud del Acuerdo de Rendición de Cuentas y Reconciliación tienen validez legal y es bajo esa premisa y la posibilidad de crear confianza con el LRA al dar cumplimiento a dichos compromisos que se ha avanzado por ejemplo en la creación de la División de Crímenes de Guerra en la Alta Corte de Uganda y la promulgación de la Ley sobre la CPI en 2010, demostrando el marcado enfoque en las medidas de justicia penal más que en las iniciativas dirigidas a las víctimas228.
Aunque en realidad es poco lo que se ha hecho en materia de JT en Uganda más allá de la puesta
Aunque en realidad es poco lo que se ha hecho en materia de JT en Uganda más allá de la puesta