participación comunitaria en el cuidado, en particular entre hogares y comunidades de bajos recursos económicos. Segundo, el llamado de la oposición Sandinista a la gobernanza “desde abajo”, y la defensa de los logros revolucionarios, marcan fuer-temente la participación comunitaria. Tercero, incluso en el caso de que partidos políticos no se pusieron de acuerdo sobre la participación comunitaria, en la luz de desastres naturales o epidemias - y ambos abundaron en Nicaragua en el período que estudiamos - lo aceptaron como forma de enfrentar estas crisis.
Por lo tanto, Nicaragua es un ejemplo de uno de los muchos países done “los servi-cios sociales han venido a depender fuertemente del trabajo ‘voluntario’ o ‘comu-nitario’ – muchas veces abreviatura de trabajo no remunerado o mal remunerado”
(Razavi y Staab, 2010: 10). Muy similar a los programas “estrellas” la política social actual, los programas de transferencias monetarias condicionadas, se podría consi-derar el trabajo voluntario como una condicionalidad para el acceso a los beneficios de los programas sociales. Sin duda, este “voluntariado” es interesante para el go-bierno en términos de bajar los costos de estos programas, pero la práctica es muy cuestionable en un contexto de pobreza extrema y altos niveles de desempleo es-tructural, y aumenta aún más la demanda en el tiempo de las mujeres nicaragüenses, ya sobrecargadas.
A pesar del papel creciente que ha tomado el Estado después de la guerra, la política social nicaragüense sigue siendo muy limitada, tanto en términos fiscales como en su estructura institucional. El régimen de política social se debilita aún más por la burocracia estatal ineficiente y el alto nivel de dependencia de organizaciones no gubernamentales y asociaciones de padres, quienes asumen partes de las funciones estratégicas del Estado. Para mitigar la falta de recursos, se apoya la política social por recursos externos, cada vez más en la forma de préstamos y cada vez menos en forma de donaciones, de organizaciones internacionales, las cuales por su lado defi-nen prioridades que son a menudo inconsistentes y que no apoyan al fortalecimiento de la institucionalidad pública. Como consecuencia, los programas sociales del Es-tado les falta recursos, son inestables y ofrecen servicios de mala calidad.
Las asociaciones de padres, organizaciones no gubernamentales, y otras formas de organización local juegan un papel importante en la compensación de la ausencia (o la debilidad) de políticas estatales. Y con esto, el régimen de cuidado es altamen-te dependienaltamen-te del trabajo no remunerado, predominanaltamen-temenaltamen-te femenino. Madres, quienes no han terminado primaria, están administrando instituciones educacionales.
De estas mismas madres se espera que generen ingresos, que cuiden a sus hijos e hijas, y que participen como cocineras voluntarias, o brigadistas en los centros de cuidado existentes.
El régimen de cuidado nicaragüense depende en gran medida del trabajo no remu-nerado femenino, y esto ha sido una característica constante y transversal durante las últimas tres décadas, en los diferentes sectores, de salud y nutrición, a protección social y educación. Además, esto básicamente no ha cambiado durante tres décadas, a de cambios dramáticos en la ideología política en poder, junto con cambios en los partidos políticos gobernantes. El argumento que en los países de América Latina con regímenes de política social más desarrollados, las políticas de ajuste estruc-tural aumentaron la carga del trabajo no remunerado de las mujeres, en particular relacionado al cuidado, no es muy apropiado para el contexto nicaragüense, donde el trabajo no remunerado femenino ya era uno de los pilares principales del régimen de cuidado mucho antes de que la ola neoliberal azotara al país.
Los desafíos para la política con múltiples. Existe una necesidad urgente de enfren-tar los altos niveles de familiarización y, más desafiante aún, de feminización del régimen de cuidado. El primero es una condición necesaria, pero no suficiente para el segundo. Sacar el trabajo de cuidado fuera de la familia no ha reducido los grados de feminización, ni siquiera en los casos más “exitosos”. Suecia es un buen ejemplo donde la política ha tomado medidas importantes para desplazar el cuidado fuera del ámbito doméstico, pero las personas empleadas en ocupaciones públicas del cuida-do son en su gran mayoría mujeres y el país tiene un de los mercacuida-dos laborales más segmentados en términos de género del mundo (Sainsbury, 1996; Charles, 1992;
Roos, 1985 en Charles).
Además, mientras que en países con mercados laborales formales el trabajo del cui-dado mercantilizado ha tenido una buena remuneración, con protección social, esto no es el caso en países en desarrollo con mercados laborales altamente informales.
No obstante, en Nicaragua (como en muchos otros países con bajos ingresos), donde la mayor parte del trabajo de cuidado es no remunerado y altamente feminizado, te-ner una estrategia para proveer cuidado a través de la política pública podría ofrecer un respiro a las cuidadoras familiares. Hasta ahora, las discontinuidades enormes en la política social nicaragüense, su alta dependencia de recursos externos y las agendas de la cooperación internacional, han dificultado enormemente enfrentar de manera sistemática las necesidades de las mujeres, las familias y el cuidado. Una
pregunta crítica es si el trabajo no remunerado femenino se puede convertir en traba-jo decentemente remunerado, incluso si son principalmente las mujeres que hagan este trabajo. Esto, por otra parte, también implicaría una restructuración considera-ble de los mercados de trabajo, para asegurarse de que la economía de servicios en general, pero especialmente los servicios de cuidado, pueden jugar un papel clave en el régimen de producción, creando así condiciones más favorables para las muje-res de participar en ambos. Para esto, sería necesario romper con paradigmas “tradi-cionales” que ahora guían la política social nicaragüense, y a través de los cuales se hacen responsables para el cuidado de manera “natural” a las mujeres en su papel de madres. Esto implicaría desafiar el dogma católico de la familia que ha dado forma a la política social, en particular durante el período neoliberal. En vez de asumir que son las mujeres que cuidan, la política social debería empezar a cuidar a las mujeres, sean madres o no.
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