la Administración deberían ser como las piezas de un mecano cuya disposición puede variar periódicamente al servicio de un determinado objetivo Conclusiones y recomendaciones
Si bien la política exterior de España aspira formalmente a integrar de manera eficaz las tres D, en la práctica, los tres pilares todavía se desplie-gan, en gran medida, en paralelo con poco margen de solapamiento. La ausencia de un enfoque de «todo el Gobierno» ha disminuido su eficacia como actor en materia de política exterior y, en mejor algunos casos, se ha complementado con experiencias aisladas de ensayo y error que han permitido algunas sinergias intergubernamentales.
Como se ha destacado a lo largo de este capítulo, la necesidad de que cada ministerio reflexione y planifique de forma regular y ordenada su propia estrategia es una condición imprescindible para un enfoque coordinado eficaz de la política exterior. Estos documentos se beneficiarían de una visión estratégica de la Presidencia del Gobierno y de un plan integral en materia de política exterior. Dichos documentos deberían ser fruto de un proceso inclusivo, transparente y consultivo entre los ministerios respectivos. El actual Gobierno podría aprovechar los exhaustivos informes existentes, como la Estrategia Española de Seguridad y la Estrategia de Construcción de la Paz, y valorar el proceso de consultas interministeriales que desembocó en su ela-boración en vez de descartarlos por tener su origen en el anterior Gobierno.
Si bien la Estrategia Española de Seguridad proporciona el marco conceptual normativo para los tres pilares de una política exterior eficaz, idealmente el grado de solapamiento entre las tres D del diagrama de Venn debería estar presente de manera generalizada y articularse en otros documentos.
El ejecutivo debería intentar proporcionar un liderazgo estratégico claro, ofreciendo una visión y un plan para los esfuerzos combinados de sus ministerios destinados a alcanzar esa visión. Los distintos departamentos de la Administración deberían ser como las piezas de un mecano cuya disposición puede variar periódicamente al servicio de un determinado objetivo. Ni la diplomacia ni la cooperación para el desarrollo deberían sacrificarse sino más bien desplegarse de una manera estratégica para reforzar la acción exterior. El proceso de ensayo y error en Afganistán ha permitido que las agencias de desarrollo y los efectivos militares reconoz-can su interdependencia. En este momento, los cambios políticos en el sur del mediterráneo deberían reforzar la lógica de una acción diplomá-tica y de desarrollo mutuamente beneficiosa. España no debería permitir que su política hacia el mediterráneo esté dominada por la lógica militar o por un énfasis desproporcionado en la migración.
En el actual clima de austeridad económica en el país, la política exterior no debería ser víctima de un cortoplacismo miope. La cooperación para el desarrollo, por ejemplo, debe recelar de la presencia abusiva del sec-tor privado y de un cambio en la definición de desarrollo que se aparte del concepto de desarrollo humano según se define en los Objetivos del milenio. A cambio, debería abrazar un concepto cada vez más aceptado de desarrollo económico cuyos beneficios supuestamente beneficiarán al conjunto de la población (Olivié y Pérez, 2013). De un modo similar, el Gobierno español debe preguntarse si, al someter a su ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a los recortes más drásticos, lo que está haciendo es tirar piedras contra su propio tejado. En términos glo-bales, el presupuesto de desarrollo, incluso si debiera acercarse al muy loado hito del 0,7 %, sigue siendo exactamente eso, un punto decimal en el gasto global del Gobierno.
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Por lo que respecta al contenido de estos programas, la AECiD ha sido criticada anteriormente por promover solo intereses «blandos» como los derechos de acceso al agua, los servicios de salud, los derechos de género o la soberanía alimentaria, frente a otros países europeos que están dispuestos a adoptar una línea mucho más estricta en materia de derechos humanos29. Si bien es cierto que diferentes actores con dife-rentes recursos y difedife-rentes conocimientos contribuyen a una agenda de desarrollo integral, España no debería eludir cuestiones como el fomento de la democracia y de los derechos humanos en su cooperación con terceros países. Esto le permitiría granjearse un mayor respeto entre sus homólogos europeos y también entre sus socios locales.
Por último, en un momento en el que todos los ministerios observan con recelo los recortes que sufre cada uno de ellos, el Gobierno debería con-siderar qué mensaje está transmitiendo cuando recorta más de la mitad del presupuesto del ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación frente a los recortes mínimos experimentados por el ministerio de Defensa. La cooperación para el desarrollo no debería ser un ejercicio de suma cero en el que el avance de unos se haga en detrimento de otros (Pérez González y fanjul, 2012). y, sin embargo, la disparidad entre la severidad de los recortes en los diferentes departamentos, sumada a la convicción del Gobierno de que el prestigio en el exterior procederá de las exportaciones y de una venta eficaz de la «marca España» apunta a la primacía de un bilateralismo agresivo sobre la vocación multilateral.
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